Denuncian presuntas coacciones policiales y presunta prevalicacion policial contra CIUDADANOS POR PREGUNTAR TEMAS SOCIALES en los exteriores del Parlamento de Canarias
¿Democracia blindada? Denuncian un presunto episodio de "represión" y coacciones policiales a las puertas del Parlamento Canario
Activistas sociales denuncian haber sido objeto de un supuesto trato autoritario por parte de las fuerzas de seguridad al intentar interpelar a políticos sobre la Sanidad Pública y el macroproyecto Cuna del Alma.
SANTA CRUZ DE TENERIFE – Lo que debería ser un ejercicio cotidiano de transparencia y participación ciudadana se convirtió, según denuncian diversos colectivos, en un preocupante episodio de supuesta vulneración de derechos fundamentales. Los alrededores del Parlamento de Canarias fueron el escenario de una intervención policial que los afectados no dudan en calificar de "coactiva" y "desproporcionada".
El derecho a preguntar, bajo presunta amenaza
El conflicto estalló cuando un grupo de activistas intentó recoger declaraciones de los parlamentarios sobre temas que mantienen en vilo a la sociedad canaria: el polémico proyecto turístico Cuna del Alma y el deterioro de la Sanidad Pública.
Según los testimonios recabados, los agentes habrían desplegado una actitud de bloqueo que derivó en presuntas coacciones. Los denunciantes aseguran que se les intentó amedrentar por el simple hecho de portar cámaras y micrófonos en la vía pública, un espacio donde la libertad de información debería estar garantizada.
Denuncian el "secuestro" temporal de teléfonos móviles
El punto más crítico de la denuncia reside en la supuesta retirada forzosa de teléfonos móviles. Los activistas afirman que los agentes habrían arrebatado los terminales a quienes grababan la escena, en un intento —presuntamente— de eliminar pruebas de la actuación policial o impedir la difusión en directo de los hechos.
"No solo nos impidieron preguntar, sino que supuestamente nos trataron como criminales por documentar la realidad. Quitar un móvil a un ciudadano que graba en la calle es un ataque directo a la libertad de prensa", señala uno de los afectados.
Un silencio institucional que genera sospechas
Este incidente abre un debate sobre la "burbuja" en la que viven los representantes públicos. Los colectivos sociales denuncian que se está instalando un supuesto cordón sanitario para evitar que las críticas incómodas lleguen a oídos de los diputados.
La gravedad de estas acusaciones apunta a una presunta extralimitación de funciones por parte de la fuerza pública. Los colectivos ya preparan un dossier para elevar la queja a instancias superiores, exigiendo que se aclare quién dio la orden de silenciar —supuestamente— las preguntas de la calle.
Comentarios
Publicar un comentario