S.O.S Comunicado de la Pah Tenerife ! El gobierno Canario desahuciara una madre con 2 menores en Santa Cruz .Viernes día 22

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 Virginia tiene dos menores y vive, desde hace casi un año, en una vivienda cuya titularidad parece ser del Instituto Canario de la Vivienda, en Juan XXIII. Al parecer, la casa llevaba años sin habitar, porque su adjudicatario está en un Centro Asistencial. Tuvo que abandonar la suya, la que mantenía alquilada, porque su propietaria también quedó en una situación precaria y necesitaba vivir allí. Intentó buscar, sola, con una niña de 14 años y una bebé de pocos meses, una alternativa para no quedarse en la calle. Entró a vivir en ese inmueble, donde nadie habitaba desde hace años. Un vecino del barrio, al verla deambulando y llorando de desesperación, le facilitó las llaves. Al principio dudó, pero ante esa situación y con dos menores, sin apoyos, ni ayuda por parte de la Administración Pública, se decidió. Cogió la llave y abrió la puerta de la que, hasta ahora, es el único hogar que pudo ofrecerle a sus hijas: 

una casa abandonada, llena de basura y humedades. Un panorama desolador para una madre, pero el único lugar donde podía ir. Se quedó allí, esperando poder incorporarse al trabajo pronto, y alquilar de nuevo otra vivienda. Limpió y acondicionó como pudo el lugar, pero ya sabemos cómo está actualmente el mercado inmobiliario, con precios de alquiler inasumibles. El inmueble, esporádicamente, había sido refugio para “personas conflictivas” como los denominaron los propios vecinos, quienes se alegraron de que estuviera allí. Era utilizado por toxicómanos que se albergaban en él en ocasiones, entre suciedad y basura, algo que a ningún ser humano debería sucederle jamás. En el interior del inmueble había tres armas con su correspondiente munición, que ella misma solicitó que retirara la policía -una prueba más del compromiso de la afectada con la convivencia y el buen entendimiento- por miedo y por seguridad, pues no es normal que existan armas donde cualquiera puede acceder a ellas.  

Mes y medio después, dos mujeres aparecieron por allí, con insultos y argumentando que habían ido a comprar el pan y que cuando volvieron la encontraron en el inmueble. Alguien interpuso una denuncia en nombre del adjudicatario de la vivienda y nadie más se personó como demandante en la denuncia, al parecer.  Ahora, le imputan un delito de allanamiento de morada y le piden hasta cuatro años de cárcel.  A pesar de poder demostrar que la casa no estaba habilitada por nadie y de tener el apoyo de los vecinos, que están dispuestos a colaborar, el Juzgado de Instrucción n° 4  de Santa Cruz de Tenerife, ha dictado una medida cautelar de desalojo para este viernes veintidós de octubre, pero tras ser desalojada seguirá enfrentándose a la imputación de un delito grave, que no ha cometido, pues reconoce haber accedido al inmueble por necesidad, con la mera intención de permanecer en él hasta que su situación le permitiera marcharse. Virginia se ha sentido indefensa pues tiene todas las pruebas a aportar con el fin de demostrar que en la casa no moraba nadie, incluido el posible testimonio de los agentes de la policía, que retiraron las armas del inmueble. El delito que se le imputa es falso, pero alguien decidió no permitirle defenderse, y hasta su propia abogada de oficio, inicialmente, se negó a recurrir y a solicitar la suspensión de la medida cautelar, a pesar de que Virginia ya le había hecho llegar documentación que acreditaba que el inmueble no estaba habitado y los nombres de los vecinos que testificarían a su favor.  

Este viernes, se realizará su desalojo, el auto será firme y no podrá demostrar su inocencia. La usurpación de un bien inmueble, como se tipifica legalmente, lo que conocemos socialmente como una ocupación, es un delito leve, frente un cargo por allanamiento de morada que marcará su vida después. No podemos consentir que sea la propia Justicia quien impida la defensa de cualquier ciudadana, sin haber agotado todas las vías para recurrir y demostrar su inocencia. Tampoco podemos consentir que el Gobierno de Canarias siga sin responder a las demandas de la ciudadanía, precarizando los recursos públicos y sin supervisar ni fiscalizar el estado de las viviendas que adjudica, cuando miles de familias canarias están demandando vivienda y muchas de ellas se encuentran adjudicadas a personas que no cumplen con las condiciones o las transfieren a otras, las subarriendan o las mantienen vacías durante años. Circunstancias como éstas, que se dan por una mala gestión, van en detrimento de la mayoría de demandantes de vivienda pública, que no pueden acceder a ella, a pesar de su necesidad. Desidia por parte de todos los gobernantes que hemos tenido, que incumplen con sus propias normas y su responsabilidad de controlar el uso del parque público de viviendas. 

Desde la PAH Tenerife vamos a apoyar a Virginia y a denunciar públicamente cada situación de indefensión y vulnerabilidad que desde las Administraciones Públicas se generan, por su temeraria forma de gestionar los recursos, por su mala gestión o sus propios intereses. Vamos a exigir que nuestros políticos cumplan con su deber de defender los Derechos Fundamentales de todas las personas por igual, facilitar soluciones y garantizar que la justicia sea imparcial, limpia, transparente y no criminalice a las víctimas de esta situación de emergencia habitacional sobrevenida por la especulación y la mala gestión política. 

#ViviendaDigna

#JusticiaImparcial 

#NoMásGenteSinCasa

#JusticiaParaVirginia